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La apuesta de Rajoy y Cospedal por proteger tanto a Camps, como a más de una veintena de dirigentes del PP imputados judicialmente - tras denuncias privadas, abundantes pruebas e investigaciones policiales- en casos de corrupción en la Comunidad Valenciana es un despropósito antidemocrático, difícilmente explicable para un partido que pretende ser la alternativa de gobierno. Para ocultar tanta irracionalidad su estrategia electoral ha comenzado a ser la intoxicación informativa consistente en denunciar a los demás de lo que a ellos se les acusa, aunque no se tengan pruebas, y poner en cuestión las propias instituciones judiciales si éstas no se pliegan a sus intereses.
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· La discreción que pidió Génova acaba en estrépito
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EL PAÍS. FERNANDO GAREA 5 comentarios
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