Carta abierta al presidente Camps
El País.MARGA SANZ 21/01/2010

La decisión tomada por su Gobierno de continuar con los derribos en el barrio El Cabanyal no tiene precedentes. El Consell ha empuñado de nuevo su mayoría absoluta para eludir cualquier escrúpulo ético y legal en la toma democrática de decisiones y, para sorpresa de la ciudadanía, lo ha hecho incurriendo en una contradicción política mayúscula, vergonzante. Su decisión por decretazo de continuar con la prolongación al mar de la avenida de Blasco Ibáñez abre, en realidad, una alarmante vía de agua en las instituciones, pues desoye a las máximas voces del derecho: por una parte al ministerio -la voz superior que le conmina a paralizar los derribos- y, por otra parte, a la propia voz de los valencianos, representada por el único decreto que protegía al barrio desde 1993 y que su Gobierno ha necesitado tumbar, pisoteando su propia legalidad.
Señor Camps: la corta distancia que media entre Blasco Ibáñez y El Cabanyal-Canyamelar -esa que sus excavadoras pretenden allanar derribando un barrio- simboliza mucho más que la memoria histórica de un pueblo o los derechos consuetudinarios de unos vecinos... Destruyendo uno de los centros históricos más importantes de Valencia, una franja de ciudad, usted arrambla con la separación de poderes que asegura el correcto funcionamiento de la democracia. El Gobierno valenciano, su Gobierno, recurre a la estrategia ramplona del atajo pseudo-legal para aplicar in extremis una decisión unilateral. Al dejar de existir Bien de Interés Cultural -¿verdad?- deja de existir el expolio. Y todo ello a pesar de que no tiene ningún informe de ninguna institución que avale la descatalogación de El Cabanyal como zona BIC.
Lo cierto es que no se lo cree ni usted, presidente, y lo peor: ya nadie le cree. Con decisiones así, sembradas de despropósitos políticos y jurídicos, usted se inclina ante los intereses de las constructoras haciendo gala de su debilidad y de su desapego a nuestra historia y a nuestro patrimonio. No necesita más Gürtel para evidenciar que, en el Cap i Casal, el emperador va desnudo.

ESTAMOS EN UNA ECONOMÍA LIBERAL O ANTE UN MONOPOLIO POLÍTICO-ECONÓMICO AL SERVICIO DEL PP VALENCIANO Y SU CLIENTELA.

Terra Mítica desaparece de Fitur
El Consell minimiza la presencia de su mascarón de proa turísticoPor primera vez, el jefe del Consell no acudirá a Fitur en el día de la Comunidad
ROSA BIOT - Madrid - 21/01/2010

…El raquítico cuadro financiero de parque y la implicación de sus directivos en supuestas tramas de facturas falsas con motivo de las obras, subyacen en esta decisión del Consell de ocultar su otrora mascarón de proa turístico. El parque ha vivido desde que abrió sus puertas numerosas vicisitudes que le abocaron a una suspensión de pagos en 2004 de la que solamente logró salir con la venta de su reserva de suelo. Pese a ello, el año pasado volvió a arrojar un saldo negativo, con unas pérdidas de 15 millones de euros. El Consell, para evitar su cierre, ha prestado a la empresa, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) 15 millones de euros entre enero y julio de 2009.

El Consell da más edificabilidad al suelo de Ortiz en Terra Mítica
EL PAÍS

La Sindicatura rechaza el patrocinio público de actividades privadas
Técnicos al servicio de la Generalitat alertan sobre los peligros de la subvención
MIGUEL OLIVARES - Valencia - 21/01/2010
"El patrocinio está pensado para el sector privado, pero todas las administraciones usan contratos de patrocinio para tapar ayudas privadas". Robert Cortell, letrado jefe de la Sindicatura de Comptes, expuso ayer "cinco ambigüedades, entre otras tantas posibles" que afectan a la concesión de subvenciones públicas en España y la Comunidad Valenciana, en particular.
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Cortell cerró con una alusión a la proliferación de fundaciones públicas de ámbito autonómico, "que parece que pueden hacer lo que quieran". El letrado de la Sindicatura sentenció que las fundaciones "no pueden tener competencias ni potestades administrativas".
Pablo Collado, abogado de la Generalitat y jefe del servicio de documentación del CJC, abrió la mesa y puso en valor la subvención, "una técnica" que se utiliza para distribuir "un tercio del presupuesto de la Generalitat", las cantidades consignadas en los capítulos de transferencias corrientes y transferencias de capital, 4.900 millones de euros en 2009. Y alertó sobre "los vacíos normativos, lagunas o el deseo de no regular" al respecto.
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Rosalén recordó que "las ayudas a empresas son ilegales". Que "la Comisión Europea considera empresa cualquier entidad que gestiona una entidad económica", empresas públicas, privadas, fundaciones u ONG. Y que una ayuda es cualquier "ventaja económica", desde la desgravación fiscal a un alquiler barato.

La oposición lleva ante la Fiscalía al gobierno local de El Puig
CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 21/01/2010
La oposición municipal en El Puig, que forman socialistas y el Bloc Nacionalista Valencià (BNV, ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que investigue la comisión de posibles delitos en la gestión urbanística y administrativa del actual gobierno de El Puig, surgido en 2008 de una moción de censura apoyada por tránsfugas.
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Este PAI, promovido por Residencial Golf Mar y el Grupo Escavia, se desarrolla sobre 2,5 millones de metros cuadrados y prevé la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, unas 6.400 viviendas, así como equipamientos hoteleros. Desde su aprobación provisional, en el año 2003, hasta el visto bueno definitivo por parte de la Generalitat en octubre de 2009, esta macrourbanización diseñada junto a la costa y en la que participan destacados grupos constructores -Actura, Guadalmedina, Astroc, Gesfesa, etcétera- ha pasado por todo tipo de vicisitudes y ha estado a merced de tres gobiernos locales diferentes.
Una moción de censura apoyada por dos tránsfugas ex socialistas desalojó en enero de 2008 de la alcaldía al socialista Eugeni Ruiz. Los entonces concejales del PP, los ediles tránsfugas y otro independiente, se hicieron con el gobierno local que dirigía en minoría el consistorio desde las elecciones municipales de 2007. Los socialistas denunciaron entonces que la moción planeaba sobre El Puig por el control sobre el urbanismo y más concretamente a causa del proyecto Golf Mar desde los comicios.
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El socialista Eugeni Ruiz calificó ayer el funcionamiento del consistorio de "jungla" y se quejó de su opacidad. "Nos han prohibido [a la oposición] la entrada a las dependencias por la tarde, apenas se celebran plenos y la oposición no puede desempeñar su labor". Ruiz recordó que todos los ediles fueron declarados tránsfugas por la comisión estatal antitransfuguismo tras la moción.